Las corporaciones locales suspenden en e-Administración

Y no es precisamente un titular que nos guste especialmente. Es más, no nos gusta nada. Pero además es paradójico. Según la ONU, España destaca en los rankings de e-Administración (situada en el 9º lugar) y de e-Participación (situada en 3º), pero sin embargo, y a pesar de haber desarrollado una legislación para garantizar el acceso ciudadano a una administración electrónica, mediante la Ley 11/2007 de 22 de junio; la situación dista mucho de ser la ideal. Es más, la situación actúal es preocupante, dado que tras un año de vigencia de la normativa, la cuestión es preocupante.

Según los estudios que han realizado ADECES (Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales) y AI (Asociación de Internautas), en los 25 ayuntamientos más representativos de España, la conclusión es que la ciudadanía española deberá seguir haciendo colas físicas para realizar trámites que la tecnología permite realizarlos con plenas garantías en espacios online.

Por lo tanto, una primera impresión es que se está incumpliendo la ley, especialmente en el entorno de las corporaciones intermedias, las diputaciones, que con esta norma tenían la oportunidad para acercar sus servicios a la ciudadanía. Si bien es verdad que tienen encomendadas la tarea de apoyar a los municipios de menos de 20.000 habitantes, no deja de ser la e-Administración el sistema mediante el cual acercar su realidad y servicios a la ciudadanía. De hecho, en Andalucía, ninguna cumple con la regulación de los servicios que cita la Ley.

El estudio es importante, porque analiza 27 servicios telématicos que se pueden realizar online (domiciliaciones de impuestos, certificados de empadronamiento, peticiones, licencias, etc…), conocidos como SIT (Servicios Interactivos Totales). Por lo tanto, se ofrece una amplia visión en el estudio de los STCs ofrecidos (Servicios Telemáticos Ciudadanos). No obstante, hay un ayuntamiento que está estableciendo una pauta a seguir, como es el de Bilbao. El más avanzado. Por contra, los dos andaluces analizados, Sevilla y Granada, suspenden con creces.

Otro tema preocupante, es lo referente a los canales de los Servicios de Atención al Ciudadano. Aquellos que los tienen (no todos), lo hacen vía email, tan sólo cuatro de ellos, lo hacen con un canal online con herramientas síncronas. La mayoría lo hacen a través del tradicional canal telefónico.

Se puede afirmar que nuestros ayuntamientos suspenden en general en llevar la administración electrónica a sus vecinos y vecinas. Sorprende además que uno de los peores sea Madrid (un 2.90 de nota) y tan solo aprueban: Bilbao (la mejor nota), Albacete, Oviedo, Valladolid, La Coruña y Murcia (los tres últimos con un 5 raspado).

Por lo tanto, queda mucho por hacer. No sólo se trata de una cuestión de implantación de nuevas tecnologías y usos tecnológicos. Es necesario realizar un gran esfuerzo formativo en las instituciones locales, desde el nivel político, los mandos intermedios y quienes tienen el contacto con los ciudadanos a través de estas nuevas herramientas.

Estamos viviendo una auténtica revolución industrial, dentro de un cambio de época, que además viene acompañado de un masivo uso de la tecnología por parte de la ciudadanía, algo que antes nunca ocurrió. La inmediatez de su uso, ha provocado estas tensiones entre administración y administrados.

Es necesario, establecer claras estrategias que conduzcan a un uso eficaz de las herramientas por parte de la ciudadanía, así como implantar de forma paulatina los servicios, que no implican tan sólo un cambio de tecnologías, si no un cambio de esquemas organizativos y de jerarquías en los entornos de las administraciones públicas.

La cuestión es: ¿están nuestras administraciones locales preparadas para ese cambio?

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